Texto: Daniela Villamizar
Foto: Vanessa Vásquez)
En representación del Movimiento Civil por la Unidad (MCU), Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del Zulia; Fernando Chumaceiro, primer alcalde electo de Maracaibo; Jorge Sánchez Meleán, abogado y experto en descentralización; y Ángel Lombardi, rector de la Unica, consideraron oportuno alertar a la ciudadanía acerca de la polémica ley de Ordenamiento Territorial, aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, la cual contempla la expropiación de tierras privadas si se consideran "de utilidad pública".
Para los abogados y expertos en descentralización, la ley le otorga poder al Ejecutivo para determinar las "zonas de propiedad privada que habrán de sujetarse al régimen de expropiación por causa de utilidad pública". En un foro organizado por La Verdad manifestaron su preocupación a partir de la promulgación de las 26 leyes vía habilitante.
Fernando Chumaceiro, ex alcalde de Maracaibo, dio sus impresiones en relación con las recientes "arremetidas del Gobierno", para con los ciudadanos, a partir de la aprobación de leyes, que -para él- en nada se parecen al estado democrático que promulga el Presidente de la República.
Afirmó que los venezolanos no habitan en un país, sino en un cuartel, teniendo una visión descendente de las provincias, no encaminadas al desarrollo, progreso e independencia característico de un país libre y legislado por normas coherentes con el accionar de su propulsor.
"Vivimos en una autocracia dirigida por un militar, es por eso que me refiero al cuartel en Venezuela. Tenemos que ser más proactivos y no dejarle el país a los políticos, cada ciudadano tiene la responsabilidad de elegir su futuro, para bien, no para mal".
Dijo que el mal de los políticos de las últimas décadas "es creer que el país les pertenece". Se autocalificó como luchador social y no político. Analizó que su actividad va más allá de entrometerse en la ideología política de las personas, "se trata de crearles conciencia acerca de la inminente pérdida de la democracia de la que podamos ser víctimas sino reaccionamos a tiempo".
Dedujo que desde el momento que los poderes fueron "secuestrados" por Chávez, se evidenció "el cuartel que Chávez quiere crear con Venezuela, al pretender manejar y controlar todo desde la Presidencia de la República, a través de leyes ya rechazadas para perpetuarse. La autonomía de los estados pasaría a ser una caricatura".
Fraude garrafal
Para Oswaldo Álvarez Paz, primer gobernador electo, las leyes recién aprobadas reflejan "el fraude más garrafal" a la Constitución de Venezuela desde el 23 de enero de 1958. "Éstas normas no solamente violan, el espíritu, propósito, razón y letra de la Constitución vigente de 1999, sino que son una burla a la voluntad popular expresada el 2 de diciembre, cuando los venezolanos rechazaron el proyecto de reforma constitucional".
Denunció que el Presidente pretende desmoronar "las estructuras de la república democrática de Venezuela", lo que pone en peligro la esencia del Estado, debatida arduamente por José Antonio Páez en 1830 y que se mantuvo pese a muchas dificultades, propias de la época, "quiere encaminarlo hacia el Estado del socialismo del siglo XXI".
Para Álvarez Paz, la ley de Administración Pública, busca anular las figuras de gobernadores y alcaldes, desapareciendo el principio fundamental que define a Venezuela como una república federal descentralizada y conformada por estados autónomos.
"Chávez sabe que va rumbo a un fracaso el 23 de noviembre, por lo que está preparando el marco jurídico que necesita para pasar por encima de los resultados electorales nuevamente, de la autoridad y la competencia de gobernadores y alcaldes y seguir mandando como le da la gana. Por eso nuestro llamado es a expresarse en las urnas de votación para impedir este fraude, que no se nos vislumbra fácil, pues ha arropado muchos poderes".
Para Oswaldo Álvarez Paz, primer gobernador electo, las leyes recién aprobadas reflejan "el fraude más garrafal" a la Constitución de Venezuela desde el 23 de enero de 1958. "Éstas normas no solamente violan, el espíritu, propósito, razón y letra de la Constitución vigente de 1999, sino que son una burla a la voluntad popular expresada el 2 de diciembre, cuando los venezolanos rechazaron el proyecto de reforma constitucional".
Denunció que el Presidente pretende desmoronar "las estructuras de la república democrática de Venezuela", lo que pone en peligro la esencia del Estado, debatida arduamente por José Antonio Páez en 1830 y que se mantuvo pese a muchas dificultades, propias de la época, "quiere encaminarlo hacia el Estado del socialismo del siglo XXI".
Para Álvarez Paz, la ley de Administración Pública, busca anular las figuras de gobernadores y alcaldes, desapareciendo el principio fundamental que define a Venezuela como una república federal descentralizada y conformada por estados autónomos.
"Chávez sabe que va rumbo a un fracaso el 23 de noviembre, por lo que está preparando el marco jurídico que necesita para pasar por encima de los resultados electorales nuevamente, de la autoridad y la competencia de gobernadores y alcaldes y seguir mandando como le da la gana. Por eso nuestro llamado es a expresarse en las urnas de votación para impedir este fraude, que no se nos vislumbra fácil, pues ha arropado muchos poderes".
Más poder al pueblo
Jorge Sánchez Meleán, abogado y especialista en descentralización, alertó acerca de la forma de Estado que está llegando a un punto álgido con los 26 decretos leyes, a las que se le suma la aprobación de la ley de Ordenamiento del Territorio. "En el fondo lo que se está buscando es crear un Estado paralelo con división político territorial paralela a la que la Constitución y funcionarios con responsabilidades semejantes".
Acentuó que los gobernadores y alcaldes electos permanecerán bajo los mismos lineamientos, para "figurar ser una pantalla de democracia", pues, están establecidos en la Constitución y no pueden eliminarlos de derecho, los están eliminando de hecho, al designar autoridades por encima a cada cual, con recursos excesivos, "mientras a los estados y municipios se les recortan los presupuestos".
Para el experto, el Jefe de estado con estas decisiones pretende crear el Estado socialista, que implica tener un estado unitario, comunal, manejado por los consejos comunales como instancia inferior y directamente por Chávez, acabando con los poderes intermedios y autonomías territoriales concentrando el poder en el Presidente de Venezuela, "por eso es que su premisa dice más poder para el pueblo, pero que maneja el Ejecutivo".
Jorge Sánchez Meleán, abogado y especialista en descentralización, alertó acerca de la forma de Estado que está llegando a un punto álgido con los 26 decretos leyes, a las que se le suma la aprobación de la ley de Ordenamiento del Territorio. "En el fondo lo que se está buscando es crear un Estado paralelo con división político territorial paralela a la que la Constitución y funcionarios con responsabilidades semejantes".
Acentuó que los gobernadores y alcaldes electos permanecerán bajo los mismos lineamientos, para "figurar ser una pantalla de democracia", pues, están establecidos en la Constitución y no pueden eliminarlos de derecho, los están eliminando de hecho, al designar autoridades por encima a cada cual, con recursos excesivos, "mientras a los estados y municipios se les recortan los presupuestos".
Para el experto, el Jefe de estado con estas decisiones pretende crear el Estado socialista, que implica tener un estado unitario, comunal, manejado por los consejos comunales como instancia inferior y directamente por Chávez, acabando con los poderes intermedios y autonomías territoriales concentrando el poder en el Presidente de Venezuela, "por eso es que su premisa dice más poder para el pueblo, pero que maneja el Ejecutivo".
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