Conscientes de nuestra responsabilidad con el pueblo zuliano fijamos hoy, públicamente, posición sobre los últimos acontecimientos que han ocurrido tanto a nivel nacional como en las relaciones internacionales de nuestro país:
La Patria ha sido vendida, la libertad asediada y se han expropiado derechos ciudadanos, mientras se nos ha impuesto una camisa de fuerza legal. Leyes que no se ajustan al Derecho, el cual está representado por los principios de nuestra Constitución y de los instrumentos internacionales suscritos por el país. Se ha pretendido así obtener legitimidad para los actos gubernamentales a través de una legalidad espuria.
Así, la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional facilita considerar como “enemigo interno”, sometible por la fuerza, al ciudadano que no esté de acuerdo con la manera como se destruyen la economía, la institucionalidad y la administración del país, y como se dilapidan nuestros recursos no renovables, es decir el patrimonio de nuestras futuras generaciones. Se aniquila además, arteramente, la estatura de la institución militar al crearse las “milicias populares” que no estarán sometidas a los mandos naturales de la misma. Y más allá todavía: al permitir esa Ley que los extranjeros formen parte de nuestra Fuerza Armada, se abre la puerta a mercenarios para matar venezolanos que el Gobierno haya considerado “enemigos internos”.
El ALBA ya no se nos puede vender como una asociación de Estados interesados en mejorar la economía de sus pueblos, ni para un nuevo y precario concepto de la soberanía. Se nos muestra ahora la cara oculta: se trata de una verdadera Alianza Militar.
Mientras tanto, la Patria se entrega en bandeja de plata a Cuba, Bolivia, Nicaragua, Argentina, Ecuador y a otras naciones caribeñas, o a países orientales que han recibido, por encima de nuestras propias reales y sentidas necesidades, el dinero de los venezolanos. Y de ello no se rinde cuenta a Poderes Públicos que ya no tienen verdadera autonomía.
Con la Ley de Educación, ilegalmente calificada de Orgánica, y la amenaza de una nueva Ley de Educación Superior que pone en riesgo cierto la autonomía de nuestras Universidades que han sido el motor del cambio democrático a través de la Historia, el Estado autoritario se reserva tareas ideológicas estratégicas para su permanencia indefinida en el poder. Con las celebraciones apologéticas en el nuevo Calendario Escolar de la fecha del golpe rojo, de la fiesta del guerrerismo violento, de líderes asesinos arropados por adjetivos como el de guerrillero heroico, el Estado consagra la epifanía de la fuerza y la exaltación de la sangre para obtener, no la paz del país, sino la paz de los sepulcros.
Con la manipulación previsible de las circunscripciones electorales en la nueva Ley Electoral, se pone un muro de piedra a la voluntad de las verdaderas mayorías.
Mientras la viga en el ojo propio se pretende no ver, se ha generado un imperialismo venezolano de pacotilla, que no escatima parecerse al odiado Imperio: no sólo se compra ideología y subordinación en los países externos, sino que se anuncian, como sanciones, los mismos bloqueos económicos para Honduras que no son aceptables para los cubanos. La estrategia del hambre se ha enseñoreado contra los venezolanos. Se recortan los recursos para el desarrollo del Zulia, eliminando las asignaciones especiales por concepto de los ingresos petroleros que genera. A la Costa Oriental se la asfixia en el desempleo y la penuria económica, por las estatizaciones que se planificaron en todo, menos en considerar la comida de la gente.
Se establecen alianzas con regímenes condenados por la comunidad internacional, y hasta condecorado a genocidas, y se aplaude a mandatarios que se aferran al poder eliminando la alternabilidad democrática. Durante diez años Chávez ha insultado gobiernos y funcionarios de países como México, Chile, Perú, Estados Unidos, Colombia, El Vaticano, Honduras, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, España, Alemania, El Reino Unido de la Gran Bretaña, el Senado de Brasil, y a la Organización de Estados Americanos. Y ha montado espectáculos grotescos en sus intervenciones en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Mientras tanto, en el terreno nacional, se estatizan por rabias vengativas emisoras de radio y televisión, tierras u hoteles, para demostrar la fuerza del poder ejercido, aún cuando no se haya determinado ni garantizado el “fin social” al que estarán destinados.
La estrategia del odio, de la violencia, de la pobreza y de la fuerza, son la misma causa de la inseguridad personal derramada con su sangre en cada rincón de la Patria. La inseguridad se ha convertido en una inhumana y feroz Política de Estado para mantener a la población en zozobra, forzando a los civiles a una especie de “toque de queda” en las horas que se suponen de mayor riesgo.
Cada venezolano muerto por violencia es de la responsabilidad del Presidente y de su discurso bélico, de odio, despojo y destrucción, como lo es también la nueva Delincuencia de Cuello Rojo que campea bajo la mirada tolerante de los organismos de control.
Advertimos del peligro que representa para la Constitución Nacional y la República federal que ella plantea la aprobación en curso de l Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, que coarta la autonomía de los gobiernos regionales que representan la posibilidad de de que el poder este distribuido a lo ancho y largo del país, y no centralizado en las manos del Presidente.
El Movimiento Civil por la Unidad rechaza el llamado a una guerra con el país hermano de Colombia; una guerra absurda e irracional, y cuya principal víctima sería el pueblo inocente de Venezuela.
A la vez insistimos en la absoluta, indeclinable, emergente necesidad de una Unidad Electoral con vistas a las elecciones parlamentarias por venir, conscientes de que una nueva Asamblea Nacional recuperará su rol de equilibrio institucional, y una función legislativa que recoja los mejores valores de paz y armonía ciudadana, de acuerdo a la tradición histórica de nuestro país.
Hoy más que nunca creemos que el ciudadano es más importante que el Gobierno, y la Sociedad más importante que el Estado.
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