Nosotros, la sociedad civil, el pueblo soberano, los que ponemos los votos, los que decidimos cuál es el país que queremos, los dueños del país por el derecho original de haber nacido en él, los que venimos de otros países pero éste es el propio por haberlo sufrido, amado y trabajado durante nuestra existencia, la de nuestros padres, los que al morir dejaremos aquí a nuestros hijos y a sus descendientes; protestamos cívica pero enérgicamente, y convocamos a las mejores voluntades, a los partidos políticos, a la Fuerza Armada Nacional y a sus jefes institucionales, a quienes debemos y de quienes reclamamos la defensa y sostenibilidad de la constitución y de la democracia, porque una nación que se respete a si misma, no puede pasar inadvertida la declaración de un alto oficial de la Fuerza Armada en el sentido de afirmar que la institución castrense no estaría dispuesta a respetar un resultado electoral que no favorezca al actual gobierno.
Si algo se nos ha criticado constantemente a los venezolanos es que nos ocurren los fenómenos políticos y ellos no son evaluados en su gravedad por las diferentes instituciones y personalidades que conforman la nación venezolana. De allí que el Movimiento Civil por la Unidad desde el Zulia, le salga al paso a lo declarado por el general Henry Rangel Silva, que se atribuye la facultad de hablar en nombre de la Fuerza Armada y hasta del propio Jefe del Estado, que igualmente insinuó una cuestión del mismo tenor, está en la obligación de por la temeridad e imprudencia de lo dicho, aclararle al país el gravísimo irrespeto a la Constitución Nacional, cometido por la flagrante y delictiva declaración, que además atenta contra el principio de la alternabilidad del poder que tanta sangre a lo largo de la historia le ha costado al pueblo venezolano.
Que un General de tan alta posición y responsabilidades en la Fuerza Armada se atreva a una afirmación de esta naturaleza, nos hace exigir al gobierno de Venezuela, a la sociedad civil, a las instituciones del sistema internacional y a la propia Fuerza Armada Nacional lo siguiente:
1.- Destitución inmediata del General Henry Rangel Silva de todo cargo en la institución armada y la apertura de una investigación sobre las implicaciones personales o colectivas que pueda tener esta declaración, que anticipa a todas luces un golpe de Estado en Venezuela.
2.-El más rotundo rechazo al respaldo dado al oficial y a su ascenso a General en jefe, por parte del presidente de la República Hugo Chávez, en un evidente caso de complicidad militar, que evidentemente lleva a consecuencias impredecibles que afectan a toda la Fuerza Armada Nacional. Pasando por encima de la opinión pública nacional e internacional que ha tomado debida cuenta de lo dicho por el General Silva, sin el maquillaje dado anoche por el Presidente en una bochornosa reunión de Consejo de Ministros, donde el propio Jefe de Estado empleo palabras donde quedaba mal parada la majestad del cargo que detenta, calificado a compañeros de armas con los peores calificativos e incluso insultando una vez más al Secretario General de la OEA, como lo ha hecho en otras oportunidades con Jefes de Estado de Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Alemania, Israel, Reino Unido de la Gran Bretaña, El Vaticano, España, Francia, Perú y Panamá.
3.- Es conocido que los gobiernos autoritarios se rodean de una camarilla de altos oficiales para sostenerse en el poder, contra la voluntad de la mayoría del pueblo. El final de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez nos demostró una situación como la que describimos.
4.- El Consejo Nacional Electoral está en la obligación de condenar la osadía de estas afirmaciones, pues no tendría sentido ejercer funciones en nombre del pueblo venezolano si el veredicto del soberano esta amenazado por las bayonetas de quienes pretenden convertirse en árbitros del resultado electoral.
5.- El silencio observado hasta ahora por la Asamblea Nacional, nos confirma en la tesis de que la mayoría de los integrantes del actual poder legislativo, acusan una descalificación que los anula para estos cargos, por cuanto no se puede admitir que el exabrupto del general Rangel Silva sea para estos legisladores una afirmación intrascendente.
6.- Animamos a las universidades, a los colegios profesionales, a los sindicatos, a las academias nacionales, a los partidos políticos, a la prensa, a los actores internacionales como la Organización de Estados Americanos, Unasur, Mercosur, Pacto Andino, a la Asociación de Estados del Caribe, a reprobar esta declaración y solicitar del gobierno de Venezuela se retracte de lo señalado por este oficial, que coloca a la República al margen de la Carta Interamericana Democrática.
7.- Un silencio confabulado de los poderes públicos de Venezuela ante esta declaración coloca en entredicho toda la democracia en Venezuela. El Zulia, que a lo largo de su historia ha padecido en carne propia, los regimenes militaristas de José Tadeo Monagas, Antonio Guzmán Blanco, Cipriano Castro y Marcos Pérez Jímenez, condena enérgicamente esta burla a la sociedad civil, al pueblo soberano, a los militares institucionalistas y a la democracia venezolana que nos empeñamos en defender a pesar de los embates que sufre a diario por un gobierno definitivamente autoritario.
El pueblo y la Fuerza Armada, a pesar de las declaraciones golpistas, defenderán, estamos seguros, la democracia. Hoy como ayer tienen sentido aquellas palabras de Rómulo Betancourt, desde el exilio a finales de la dictadura perejimenista:
“….. y la verdad es que nosotros no podemos pensar, en estos momentos precisos, en organizar una acción violenta que venga de los cuarteles a la calle, por la inmensa mayoría de los oficiales afectos a las ideas democráticas han sido dados de baja, o no tiene mando de tropas, o están en la cárcel o el destierro, o traicionados por el tirano. Si no es posible organizar una acción de este tipo (….), no nos queda como posible sino la acción popular de masas, constante, valiente y perseverante. Esa acción deber ser conducida hacia una encrucijada en que ya no sea tolerable por el país la existencia de un régimen de usurpación, y la cólera popular se exprese en forma tan avasallante que ya no puedan detenerla las bayonetas.”
Maracaibo, 12 de noviembre del 2010.
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